Fuente: Eco2site | Octubre 05, 2011 Recomendar esta nota Recomendar
Actividad minera y diálogo: oportunidades de cambio

Fundación Cambio Democrático (FCD)

Actividad minera y diálogo: oportunidades de cambio

Eco2site entrevistó al Director Ejecutivo y Coordinador del Programa de Industrias Extractivas de la Fundación Cambio Democrático (FCD), Pablo Lumerman y Martín Packmann.

FCD es una organización sin fines de lucro que busca transformar los conflictos públicos de modo que se alcance un desarrollo humano sostenible. Entre las tareas que llevan a cabo, se encuentran los de sustentabilidad: diseñan e implementan procesos de transformación basados en el diálogo democrático y en acciones que promuevan el desarrollo humano sustentable. En el rubro impulsan programas de Industrias Extractivas, entre otras cuestiones.

¿Podrían comentar qué trabajos llevan a cabo dentro de la Fundación respecto al rubro de la minería?

Desde Fundación Cambio Democrático (FCD) venimos trabajando en el rubro de la conflictividad minera desde el año 2003. Desde el comienzo de nuestros trabajos, reconocimos la necesidad de abordar esta problemática con un enfoque basado en la transformación democrática de los conflictos mediante procesos centrados en el diálogo: el gran objetivo, entonces, era la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo sobre el desarrollo de la actividad, y los conflictos que ésta suscitaba.

Sin embargo, en su momento, reconocimos que las condiciones para generar una mesa de diálogo, aspecto fundamental para conseguir un resultado positivo, no estaban dadas.

Esto se explicaba por diferentes problemáticas y situaciones que se habían dado y que podríamos identificar brevemente de la siguiente manera:

a) altos déficits en el acceso a la información confiable, legítima y validada que sirviera como punto de partida para cualquier proceso de diálogo.

b) alta polarización entre sectores “anti” mineros y “pro” mineros, donde no se reconocía la posibilidad (ni la utilidad) de un proceso de diálogo entre las partes en conflicto.

c) desde algunos sectores se negaba o minimizaba absolutamente el conflicto, cerrando así la puerta a una posibilidad de cambio, cómo también a la posibilidad de poner en agenda y discutir temáticas de central importancia como el flujo de la renta minera, la transparencia, los impactos ambientales, entre otras.

d) gran asimetría de poder que imposibilitaba sentar a las partes en una mesa de diálogo en igualdad de condiciones para expresar sus demandas y reclamos en un marco de representación simétrica y equilibrada.

En este contexto, desde la FCD comenzamos a trabajar para la generar las condiciones necesarias para llevar adelante un diálogo en torno a la conflictividad surgida en torno al desarrollo de la actividad minera.

Para esto, realizamos diferentes proyectos que se pueden observar en la página web de FCD (www.cambiodemocrático.org ) en el Programa de Industrias Extractivas. Entre estos proyectos, se destacan el denominado “Plataforma de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina” que tuvo como resultado la conformación de un Mapa de Conflictos Mineros en Argentina (http://www.mapaconflictominero.org.ar/) donde figuran los principales conflictos mineros en el país, analizados teniendo en cuenta sus diferentes aristas (cuestiones legales, ambientales, sociales, económicas).

Otro proyecto fundamental fue el “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el ejercicio del derecho al agua y el control social de la actividad minera en la región de CUYO y NOA” realizado en conjunto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y cuyos objetivos fueron:

-Fortalecer las capacidades de acción de las OSC andinas sobre las políticas públicas vinculadas al ejercicio del derecho al ambiente y al agua y el impacto de la actividad minera

-Alentar, asistir y monitorear la producción y ejecución conjunta de proyectos para mitigar el impacto de la actividad minera en el ejercicio del derecho al agua.

Por último, también se ha realizado, en conjunto con FARN un proyecto orientado a trabajar con periodistas que cubren o se especializan en la temática socio-ambiental, en particular la minera, considerando que el rol de los comunicadores sociales es fundamental en una situación de conflicto por su capacidad de brindar información, hacer visibles reclamos y demandas, así como también la forma de abordar la cobertura puede polarizar o apaciguar el conflicto.

Actualmente, la Fundación se encuentra comenzando un proyecto destinado a fortalecer a líderes de comunidades indígenas y organizaciones sociales de NOA, Cuyo y Patagonia en sus capacidades de abordar problemáticas socio-ambientales, en particular la minera, desde un enfoque transformador centrado en los procesos de diálogo que les permita prevenir y abordar conflictos, e incidir de manera colaborativa en políticas públicas, fortaleciendo así la gobernabilidad democrática.

En su exposición en CSR Mining mencionaron que el diálogo es importante para generar oportunidades de sustentabilidad en Argentina y espacios de mayor democratización. ¿Por qué lo consideran así?

Desde el enfoque de trabajo de la FCD, el conflicto representa una oportunidad de cambio. Los procesos de diálogo se convierten, entonces, en el modo de abordar una problemática determinada en donde todos los actores que tengan interés y participación en la situación conflictiva, puedan tener voz y representación en un espacio de conversaciones significativas, donde se intercambia información y se de-construyen percepciones formadas por la polarización que surge del conflicto.

Es importante destacar que los procesos de diálogo, según como los entendemos desde
FCD, no son un lugar de toma de decisión, sino de intercambio de información, conocimiento mutuo y generación de confianza.

Teniendo en cuenta que existen conflictos en el rubro minero por las manifestaciones que surgen en contra de la actividad, ¿a qué creen que se deben estos conflictos? ¿De qué forma se podrían resolver los mismos?

La conflictividad minera, según como la entendemos desde FCD, tiene diferentes aristas, todas de suma importancia.

Entre ellas, encontramos las temáticas ambientales y la utilización de recursos como el agua. Es decir, el posible impacto ambiental que la actividad tendría sobre el medio ambiente, así como la utilización del agua en los procesos de obtención de los minerales son temas sensibles para las poblaciones aledañas a los proyectos, así como para las organizaciones sociales ambientalistas y también para otras agrupaciones y actividades productivas que centran su desarrollo tanto en el ambiente como el recurso hídrico.

En este marco, tanto la escasa información disponible sobre los posibles impactos, como también la escasa información sobre las cantidades de agua a utilizar, tienden a generar desconfianza entre actores que no están involucrados en la minería y que desconocen los procedimientos que las empresas utilizan.

A su vez, la forma de comunicar también ha contribuido a profundizar las desconfianzas y el desconocimiento, al realizar exposiciones puramente técnicas y científicas que están dotadas de una abstracción y de un conocimiento que generan dificultad en el entendimiento cabal de lo que esto significa por parte de algunas comunidades.

Aquí también hay que destacar que la participación de las comunidades, tanto en los procesos de consulta previa (si es que lo hay) como del monitoreo de los impactos ambientales y en recursos como el agua es muy baja sino nula.

Desde FCD creemos que el involucramiento de las comunidades con sus diferentes actores es un aspecto fundamental a la hora de promover y diagramar el desarrollo local de cada una de las zonas de nuestro país: es decir, la minería debería ser discutida y abordada en el marco de procesos de planificación del desarrollo local donde las comunidades tuvieran plena participación y decisión en qué se debe hacer en sus territorios y cómo debe ser realizado.

A su vez, otro elemento que favorece el conflicto, y que se relaciona tanto con el medio ambiente como con la participación ciudadana responde a problemáticas con el marco legal. Este es, de por sí, un elemento conflictivo en diferentes aspectos. Inicialmente, la falta de articulación entre los marcos legales provinciales y nacionales, entre la Ley General del Ambiente, el Código Minero y las leyes provinciales genera diferentes interpretaciones sobre las obligaciones y derechos que tienen los diferentes actores en pugna.

La poca claridad sobre la cantidad de recursos que son extraídos, así como la cantidad de recursos que quedan al país en concepto de impuestos, regalías, entre otras, es un factor que favorece los reclamos de aquellos que se oponen a la actividad minera.

Es decir, el flujo de la renta minera se configura, entonces como un aspecto fundamental a abordar en conflicto que se desarrolla: la distribución de la renta generada por la actividad minera, entre Nación y Provincia, las exenciones impositivas con que cuenta la actividad, la cantidad que queda en concepto de impuestos y regalías, la conformación de fondos de sustentabilidad o fideicomisos, los porcentajes de regalías y cómo estos son contabilizados son, entre muchos otros, elementos que deben ser transparentados y rediscutidos con la participación activa y el involucramiento de todas las partes y actores.

La participación activa y comprometida de las comunidades en el diseño, discusión y planeamiento de los Modelos de Desarrollo Local, el acceso a la información de calidad y legitimidad, así como de fácil entendimiento, la puesta en discusión de mejoras y cambios en los marcos legales, y una mayor transparencia en el manejo y flujo de la renta generada por la actividad se configuran, entonces, como temas fundamentales a la hora de abordar la problemática minera.

También se debe destacar la participación de las comunidades originarias en el marco del convenio 168 de la OIT como un aspecto fundamental a tener en cuenta, trabajando en su fortalecimiento y capacidad de articulación para ejercer de forma efectiva este derecho.

En el caso particular de los conflictos mineros, ¿de qué forma el diálogo podría transformar los conflictos y revertir la situación?

Históricamente, el conflicto minero ha estado dominado por la polarización. Los procesos de diálogo son un elemento clave para generar espacios en los cuales se comience a intercambiar información, a fomentar la conversación y el respeto mutuo con aquellos que pueden o no pensar como uno, pero que están dispuestos a sentarse en una mesa con quien nunca pensaron en sentarse. Para esto, el proceso previo de generación de las condiciones necesarias es un paso fundamental.

La de-construcción de las percepciones y los supuestos generados en el conflicto, la interacción con “el otro” y el intercambio de información como forma de obtener un “piso” para la discusión son elementos fundamentales que se pueden conseguir a lo largo de los procesos de diálogo, permitiendo entonces avanzar en un proceso de transformación del conflicto hacia un espacio de mayor democracia y de paz sustentable.

La conformación de una “hoja de ruta”, de temas o de agenda común para el diálogo y inclusión de los todos los actores clave en este proceso tienden a formar un entramado social, una red de conexiones que apunta a canalizar y abordar los conflictos de manera democrática y participativa; sin embargo, un espacio de diálogo no debe ser entendido como un lugar donde se busca “forzar” un acuerdo, sino como un lugar de intercambio y generación de confianza mutua que permita, a largo plazo, generar una transformación del statu quo actual que resulta dañino para ciertos actores, por un nuevo escenario de mayor paz, inclusión y democracia con la participación de los actores involucrados en la problemática.

¿Cuál es el rol que debe cumplir el Estado ante estos conflictos?

El Estado cumple distintos roles fundamentales a la hora de prevenir y transformar democráticamente los conflictos mineros. Para prevenirlos, la provisión efectiva de servicios públicos básicos para la ciudadanía local (salud, educación, conectividad) la convocatoria a la planificación participativa del territorio promoviendo el desarrollo endógeno sustentable son claves. En este caso, la evaluación ambiental estratégica de políticas de promoción de la inversión minera en los territorios y el ordenamiento ambiental del territorio son parte de un menú de políticas publicas clave para prevenir conflictos.

Cuando estos se manifiestan, el Estado puede jugar un rol de mediador o arbitro (dependiendo del caso) así como de equilibrador de poder, poniendo a la minería en función del interés general.

Aquí el protagonismo de los Estados provinciales es descollante y el Estado Nacional cumple el rol de velar porque los primeros operen de forma coherente con la legislación minera y la ley general del ambiente.

¿Cuáles consideran que son los principales desafíos para la industria minera nacional?

La apertura del sector para con el resto de los actores involucrados es, a nuestro entender, uno de los desafíos más grandes que enfrenta el sector minero. Lograr que comiencen a trabajar sectorialmente buscando incrementar su compromiso con el cuidado de los servicios ambientales que posibilitan su negocio y, fundamentalmente, conformarse como un Sector respetuoso de la vocación de desarrollo territorial de las comunidades locales y sus determinaciones.

En esto, entendemos la necesidad imperiosa de interactuar e incluir activamente a las comunidades. Sin lugar a dudas, deben ser las comunidades locales quienes decidan la forma o el modelo de desarrollo local, y si en este esquema la industria minera nacional tiene lugar en virtud de sus aportes. El principal desafío se configura entonces en el respeto a las comunidades que son preexistentes a los proyectos mineros, a su inclusión como un actor fundamental en la decisión de desarrollar o no la actividad en los diferentes territorios, así como su inclusión tanto en forma de mano de obra, como en el monitoreo de las prácticas y la participación en las ganancias obtenidas por el desarrollo de la actividad.

La discusión sobre marcos legales que otorguen un nuevo marco de legitimidad a la actividad es otro de los desafíos, así como la necesidad de transparentar e informar de manera acabada y clara los impactos tanto positivos como negativos que puede tener el desarrollo de la actividad en cada uno de los proyectos a trabajar.

María Laura Martelli Giachino

redacción@eco2site.com

Entrevistados:

Fundación Cambio Democrático

-Pablo Lumerman, Director Ejecutivo. 

 

-Martín Packmann, Coordinador del Programa de Industrias Extractivas.

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