Fuente: Minning Press | Marzo 10, 2010 Recomendar esta nota Recomendar
Rossana Bril: El Seguro Ambiental, ¿es jurídicamente exigible?

Rossana Bril

Rossana Bril: El Seguro Ambiental, ¿es jurídicamente exigible?

Desde distintos organismos gubernamentales se ha comenzado a dictar normas que, según entendemos, inducen a la contratación, por parte de las empresas, del polémico seguro ambiental creado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por un lado está la Resolución de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 7/2009, que determina que los establecimientos industriales radicados en la Cuenca están obligados a empadronarse cada dos años en un Registro de Industrias. La norma alcanza a aquellos establecimientos ubicados tanto en la Cuenca como en la franja costera sur del Río de la Plata demandados en la Causa “Mendoza Silvia Beatriz y otros contra Estado Nacional y otros s/ daños”. La falta de cumplimiento en tiempo y forma de dicha obligación puede dar lugar a la aplicación, por parte de ACUMAR, de sanciones.

En los formularios a ser presentados por las empresas con carácter de declaración jurada, el obligado debe declarar, entre otras cuestiones, si posee “algún instrumento que garantice el financiamiento de la recomposición ambiental que en su caso pudiere producir”; especialmente deberá informar si posee “Seguro Ambiental” o “Seguro de Caución Ambiental” y, en ese caso, con cuál compañía.

Por otro lado, diferentes ONGs ambientales también se han sumado al reclamo del seguro ambiental. Son conocidas las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de los sanjuaninos que solicitan al tribunal que exija a las empresas mineras que explotan en esa provincia, la contratación del seguro ambienta obligatorio.

Hacia una mayor inseguridad jurídica.

Sin embargo, tanto los requerimientos legales como los impulsados por las ONGs ambientales en relación con la exigencia del seguro ambiental, colocan a las empresas mineras en una compleja situación, ya que se les pregunta respecto de la contratación de un seguro de caución ambiental que ha generado una gran resistencia en el mercado, no solo por los asegurados, sino también por las compañías de seguros de mayor
calificación tanto a nivel nacional como internacional. Entre las razones de los -a nuestro criterio- justificados recelos hacia dicha exigencia figuran la ausencia de interés asegurable (lo que llevaría a la nulidad del contrato de seguro) y que su creación fue realizada por una simple resolución administrativa, a pesar de tratarse de una materia tan sensible regulada por la Ley General de Ambiente, norma esta última de orden público.

Por otra parte, los preceptos en cuestión requieren una cobertura por daños ambientales de incidencia colectiva, lo cual se contradice con el requerimiento de un seguro de caución ( fianza) , instituto completamente distinto del anterior.

Lo expuesto, nos lleva a concluir que la creación normativa de imperativos incumplibles y la adopción de soluciones superficiales y carentes de sentido legal y práctico no sólo llevan a producir inseguridad jurídica para las empresas que invierten en el país, sino que en modo alguno dan respuesta a las necesidades de la sociedad, cada vez más afectada por una realidad en la cual el que contamina no paga y el daño ambiental -lamentablemente- debe ser absorbido la comunidad.

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades para que, lejos de intimidar a los particulares para que contraten productos que no satisfacen los requerimientos legales mínimos, escuchen a todos los sectores involucrados, procedan a analizar razonablemente el tema y a tracen una agenda común a efectos de obtener remedios realmente útiles para el avance de un desarrollo sustentable.

Por Rossana Bril. Abogada. Experta en Derecho Ambiental.

Fuente: Minning Press
Marzo, 2010 

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