Fuente: Dr. Augusto Paz | Febrero 10, 2004 Recomendar esta nota Recomendar

¿Puede el Derecho Preservar el Medio Ambiente?

En la mayoría de las reuniones relacionadas con los temas ambientales, cualquier invitado puede observar que a la hora de abordar esta problemática y analizar sus causas, se puede ser testigo de un extraño fenómeno: no existen responsables de lo que sucede a nuestro alrededor.

En efecto, el público emite sus opiniones y la charla deriva en la búsqueda de un culpable que puede encontrarse entre tres alternativas: responsabilizar al gobierno por la precaria atención y cuidado del ambiente -ya sea por falta de presupuesto o desinterés por el tema-; a las empresas, por tratar de maximizar sus beneficios sin asumir los costos o, a la población en general, por no tomar conciencia y actuar.

Como ciudadanos nos asiste un derecho y un deber de preservar el ambiente que nos obliga a obrar en consecuencia. La búsqueda de un culpable que nos exonere de nuestra responsabilidad nos convierte en cómplices de la impunidad que presenciamos día a día pues ésta no es más que uno de los resultados de nuestra falta de participación.

Rudolf Von Ihering escribió un libro titulado "La lucha por el derecho". Se trató de un ensayo referido a la forma en que los ciudadanos deberían luchar por sus derechos en el accionar cotidiano. Ihering entendía que la posibilidad de gozar de un derecho y de ejercerlo es un privilegio. De esta forma, decía él, en cada uno de estos actos, reivindicamos a todos aquellos que murieron para que un Estado de Derecho sea posible. Sólo buscando la justicia puede construírselo.

En las cuestiones ambientales sucede lo mismo. El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina nos reconoce a todos el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Pero también estipula que tienen el deber de preservar el ambiente.

Aunque no sea visible, ese deber de preservarlo no se encuentra a la deriva sino que está acompañado de una serie de instrumentos que lo tornan cada vez más efectivo. Son mecanismos institucionales que, aunque poco conocidos, tienen cada día más aceptación en el ámbito del derecho y posibilitan la defensa del ambiente. En este artículo haremos una breve reseña de ellos con el propósito de recordarlos:

1. La legitimación amplia para recurrir ante las autoridades: Cualquier individuo puede exigir la protección del medio ambiente por el solo hecho de ser habitante.

2. La acción de amparo: Existe una vía rápida que otorga facultades para impedir y lograr acciones correctivas eficaces.

3. Las acciones penales: Existen infinidad de normas que permiten la actuación del poder de policía y para que comiencen a funcionar requieren tan sólo de una denuncia.

4. Las demandas de daños y perjuicios. Todos tenemos derecho a exigir que se recomponga el ambiente y se vuela al estado anterior al que tenía cuando se produjo el daño.

5. Los defensores del Pueblo: Existe personal especializado destinado a la protección de los intereses difusos.

6. Otras instituciones.

Como vemos, lo impuesto por el artículo 41 no es un derecho aislado sino que, por el contrario, cuenta con gran cantidad de instrumentos destinados a permitir que los ciudadanos lo tornemos efectivo.
Ahora bien, si existe un derecho constitucionalmente reconocido y existen instrumentos al servicio de este derecho, la pregunta que debemos formularnos es si los resultados de su utilización han sido positivos. La respuesta puede asombrar ya que el análisis de la jurisprudencia muestra que los jueces no sólo han aplicado estos instrumentos sino que han llegado a límites que, en muchos casos, superan las expectativas de quienes acudieron a ellos tratando de proteger el medio ambiente.
Veamos algunos casos ejemplares.

1. Caso Municipalidad de Magdalena c/ Shell Capsa; Schiffahrts y Boston Compañía Argentina de Seguros (citada en garantía) s/ Ordinario.

Este caso tuvo como finalidad lograr que la empresa Shell Capsa realizara las acciones y las obras necesarias para asegurar la recomposición de las condiciones medioambientales en la costa del Partido de Magdalena, en la Provincia de Buenos Aires. En efecto, el 15 de enero de 1999, a la altura del kilómetro 93 del canal intermedio del Río de La Plata, hubo una colisión entre el buque la Estrella Pampeana, perteneciente a la empresa Shell Capsa y el buque Sea Paraná de bandera alemana. Como consecuencia de este hecho, frente a las costas de la localidad de Magdalena, se derramaron 4677m3 de hidrocarburos y se contaminaron 30 km de costa.

En este caso, la Municipalidad de Magdalena demandó: a Shell Capsa por ser armador y propietario del buque la Estrella Pampeana y dueño y guardián de los hidrocarburos que transportaba; a Schiffahrts-Gesellschafts MS, Primus mbh & Co y Projex Schiffahrts-Gesellschaft mbh & Co por ser armadores y propietarios del buque "Primus" ex Sea Paraná y a Boston Compañía Argentina de Seguros como empresa aseguradora de Shell.

Luego de la colisión, la empresa Shell Capsa realizó un "Plan de Tratamiento de la Línea Costera" que había sido aprobado por la Municipalidad de Magdalena y sometido a la opinión de una audiencia pública. Sin embargo, con dicho plan sólo se logró la recolección superficial de los hidrocarburos en las playas y en las zonas de acceso fácil, quedando cerca de 1000 m3 de residuos de hidrocarburos abandonados. Por ello, la Municipalidad solicitó a la empresa Shell que realizara a su costa un "Plan de Gestión Ambiental" y para ello la demandó.

Si bien Shell Capsa reconoció que había derramado hidrocarburos, sostuvo que el derrame fue causado por un tercero por el que no debía responder, ya que había sido víctima de un abordaje y que por tal motivo no era responsable del daño ambiental ni de la contaminación provocada. Argumentó que ya había realizado tareas de limpieza que habían sido consensuadas con las autoridades correspondientes y así había cumplido con la obligación que se le demandaba. Alegó que el hidrocarburo no limpiado o recogido, que había quedado en los ecosistemas en una cantidad estimada de 250 m3, no había sido recogido, tratado o dispuesto, debido a que otro método de disposición hubiera importado un mayor impacto al medio ambiente.

Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., solicitó que:

· Que este reclamo fuera remitido al juzgado que estaba entendiendo en el juicio de abordaje (colisión).

· La citación como tercero del capitán/propietario/armador del buque Sea Paraná, quien debido a la responsabilidad que se le atribuye en el hecho del abordaje, debería ser el obligado a soportar las consecuencias de los hechos derivados de éste último.

· El rechazo de la demanda, con expresa condena en costas a la actora. Entre los hechos que la Compañía Boston reconoció se encontraban:

a) ser aseguradora de responsabilidad civil y que su asegurada tenía una cobertura vigente cuando sucedieron los hechos que fundamentan la demanda;

b) el hecho y circunstancia del derrame de hidrocarburos aunque niega la calificación de residuo peligroso de éstos últimos.

c) la conducta responsable de la accionada en relación con las tareas de contención del derrame y la ejecución del "Plan de tratamiento de la Línea Costera".

Hay que destacar que la póliza de seguros tomada por Shell Capsa no amparaba la responsabilidad civil del asegurado por los daños que eran consecuencia del manejo inadecuado de sus residuos peligrosos. En la póliza estaba establecido que los aseguradores no indemnizarían la responsabilidad civil por contaminación.

Sentencia:

La justicia condenó a Shell Capsa a disponer adecuadamente sus residuos de hidrocarburos abandonados en las costas, sedimentos y ecosistemas de la localidad de Magdalena, Provincia de Buenos Aires y le impuso las costas generadas por el juicio ya que fue la parte perdidosa y, excluyó de la condena a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. ya que la póliza otorgada no cubría la responsabilidad civil por contaminación.

En este caso debemos resaltar dos aspectos. Por un lado, la magnitud de los montos que la empresa Shell debió invertir en el plan de saneamiento que realizó y la que luego tuvo que destinar para disponer adecuadamente los residuos. Por el otro, las limitaciones que tienen los seguros que son contratados en estos casos pues no tienen en cuenta las consecuencias ambientales de las actividades llevadas adelante por las empresas.

2) "Asociación vecinal de Belgrano C 'Manual Belgrano y otra c/ Metrovías y otro / GCBA s/ Amparo"

Hechos:
Debido al elevado nivel de ruido existente en los vagones y andenes del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires en sus líneas C y D, la Asociación vecinal de Belgrano C y una vecina de dicho barrio, usuaria cotidiana de ese medio de transporte, interpusieron una acción de amparo con el objeto de:

a) conminar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que controle que el nivel de ruido producido en el subte no excediera de un límite tolerable y,

b) obligar a Metrovías a realizar las tareas necesarias a los fines de reducir dichos niveles excesivos de ruido.

Esta acción pretendió garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y/o usuarios del subterráneo y fue interpuesta con el patrocinio del programa "Control Ciudadano del Medio Ambiente" de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Los demandados fueron tanto la empresa Metrovías S.A como el Gobierno de la Ciudad de Buenos por su omisión en la función de garante del derecho a la salud de sus habitantes. También se citó en el caso, como tercero interesado, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Previo a la interposición de esta demanda, se realizó un informe técnico par determinar el nivel de ruido en el subterráneo y las consecuencias de que este fuera tan elevado. El informe demostró que la exposición frecuente del pasajero a dicho nivel de ruido era perjudicial para sus oídos.
En el escrito inicial se solicitó que se obligara a Metrovías a informar a los usuarios sobre los potenciales daños que el ruido elevado podía provocarles en la salud (esto fue solicitado como medida cautelar).

El juez interviniente rechazó esta última medida bajo el argumento de que el daño invocado no era inmediato y fulminante sino gradual, consecuencia de una exposición prolongada al ruido y que durante el plazo de duración del proceso no se producirían daños irreparables debido a dicha falta de información. Sin embargo, ordenó que la empresa Metrovías se abstuviera de aceptar, en forma definitiva, las obras del tramo Carranza-Juramente (en donde se producían los niveles más altos de ruido) y cualquier otra obra que afectara las Líneas C y D y estuviera relacionada con la cuestión debatida. Esta medida ordenada por el juez fue apelada por el GCBA y luego revocada.

Las pruebas que se produjeron fueron informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Tecnología e Investigación y del perito ingeniero especialista en ruidos.

Si bien todavía no hay sentencia en este amparo, como resultado de esta acción, Metrovías ha realizado algunas obras destinadas a mitigar los ruidos elevados, lo cual demuestra que la ciudadanía cuenta con instrumentos para hacer valer sus derechos y que de ella depende que éstos se respeten.

"Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado v. Propietario de Estación de Servicio Shell calle Lima".

Hechos:
Un incendio se produjo en la estación de bombeo de la línea E de Subterráneos de Buenos Aires, como resultado del deterioro de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos de la estación de servicio de la empresa Shell, llevó a ambas partes a la firma de un acuerdo para eliminar las consecuencias de las filtraciones de combustibles y de las emanaciones de gases.

La razón del incendio fue que el combustible fluyó a través de la tierra de la napa freática, hasta hacer su aparición en la cámara de captación de aguas servidas de las sala de bombeo de la Línea E, sobrenadando en la superficie del espejo de agua.

Para solucionar esto, Shell proveyó a la estación de bombeo de dos extractores para el barrido de gases y se comprometió a instalar un interruptor automático antiexplosivo y a realizar comprobaciones diarias mediante un explosímetro. Oportunamente se cambiaron los tanques en el inmueble de la estación y por lo tanto no existieron nuevas filtraciones. Sin embargo, también se comprobó la existencia de una pluma contaminante que tendría su origen en la estación de servicio y que se orientaba a la estación Independencia de la Línea E.

Frente a estas filtraciones de combustible hacia la estación Independencia, Subterráneos de Buenos Aires promovió una acción de daños y perjuicios para reclamar la indemnización por daños individuales en las personas y cosas, como así también por el daño supraindividual y el cese definitivo de la contaminación ambiental, olores y peligros por emanaciones y filtraciones de combustibles. Es decir, reclamó también la reparación o recomposición del medio ambiente.

Sentencia:

La Cámara hizo expresa referencia a institutos propios del Derecho Ambiental como son: la Evaluación del Impacto Ambiental; el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Nuevo Orden Público Ambiental. En tal sentido dijo en su fallo la Sala H.

"La solución por la reparación o recomposición del daño ambiental desborda el marco bilateral del proceso, puesto que al dar respuesta a lo peticionado, se hará lo propio con la comunidad". Resolvió en tal sentido condenar a las accionadas a la reparación o recomposición del ambiente mediante el sistema de cambio de tierra, en lo que hace al tramo que media entre la estación de servicio ubicada en la calle Lima y la estación Independencia de la Línea E, todo ello con la intervención del perito de oficio y los consultores técnicos de las partes.

Hemos mostrado tres casos en donde los jueces han aplicado la legislación y han logrado la efectiva protección del ambiente. Estos casos han sido elegidos por los diferentes tipos de accionantes, esto es: a) una municipalidad; b) una asociación de vecinos y una vecina individual; c) una empresa. Como vemos, la defensa del ambiente es posible y el derecho es una herramienta muy útil para lograrlo, tan solo se necesita que haya ciudadanos interesados en defenderlo!!!!!!

Lo cual, no es nada fácil. Ya decía Montesquieu que para salvar una monarquia bastaba con la virtud de una sola persona; para una aristocracia se necesitaba la virtud de un grupo de personas. Pero, para salvar a una República es necesario el esfuerzo de casi todo el pueblo. Y la única forma de conquistar a ese pueblo es que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena, denunciando, controlando utilizando los mecanismos jurídicos.


Por:
Dr. Augusto Paz
Abogado, UBA, Master en Derecho Ambiental Universidad del Pais Vasco (España) Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Deusto (España). Socio de Estudio Paz; Experto técnico Legal del IRAM; Responsable del área ambiental de KROLL ASSOCIATES.

Dra. Agnes Sibilieau
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires; especialista en Derecho Ambiental por la Universidad
Católica Argentina. Desde el año 2000 se encuentra abocada a diversas tareas de investigación, entre ellas, el diseño y la implementación de herramientas jurídicas de conservación privada en la Argentina.

Fuente: Dr. Augusto Paz
Febrero 2004