Acuerdo Nuclear Argentina-Australia

Opinión del Académico Antonio M. Hernández (h.) sobre el proyecto de Declaración de la Academia sobre el Tratado de nuestro país con Australia por el contrato de INVAP (octubre 2002)

En relación al proyecto de Declaración presentado en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, con respecto al Tratado suscripto entre nuestro país y Australia por el Contrato de INVAP, sostenemos:

1. Que en este tema no está en cuestión el debate sobre el uso pacífico de la energía nuclear.
2. Que tampoco está en consideración la importancia que tiene el INVAP, como instituto de probado prestigio a nivel nacional e internacional en el campo de la investigación científica.
3. Que la materia en discusión es la específicamente jurídico-constitucional, en torno a la aprobación o no del citado Tratado, actualmente a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación.
4. En relación a ello, adelantamos nuestra opinión negativa a la aprobación del citado Tratado, pues el mismo no se adecua a la normativa de nuestra Constitución Nacional, ya que viola los arts. 27 y 41. En efecto, el primero de ellos indica que los Tratados con los países extranjeros deben guardar "conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución", lo que en este caso no ocurre ya que se incumple el último párrafo del art. 41, que textualmente prescribe: "...Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos."
5. Tal violación del art. 41 de la Ley Suprema de la Nación se produce por el art. 12 del Tratado, que en sus cláusulas establece el ingreso de material "irradiado", que debe ser "procesado" o "acondicionado" mediante "arreglos apropiados a fin de hacerlo apto para su disposición en Australia". A su vez, dicho art. 12 remite en caso de "transferencia de combustible irradiado" a lo estipulado en el art. 11 del Acuerdo. Este artículo en el punto 1, textualmente dice: "El material nuclear, material, equipo o tecnología sujetos a este Acuerdo no serán transferidos fuera de la jurisdicción territorial de la Parte receptora sin el previo consentimiento por escrito de la Parte proveedora." Y el punto 2, expresa: "Sin el previo consentimiento de la Parte proveedora, el material nuclear sujeto a este Acuerdo no será: a) enriquecido al 20 % o más en el isótopo uranio-235; o b) reprocesado". En consecuencia, no cabe dudar que se trata de material radiactivo, que además de ser peligroso por definición constitucional, tiene el ingreso expresamente prohibido por tal carácter, conforme el intergiversable mandato de dicho art. 41.
6. Que en cuanto a la interpretación constitucional de dicho párrafo del art. 41, sostenemos: a) Conforme a las reglas de interpretación constitucional enunciadas por Linares Quintana, las palabras del texto supremo deben ser consideradas en su acepción común, no técnica, salvo en algunos casos específicos. b) El primer método en ser aplicado es de la interpretación literal, y en consecuencia, la norma en estudio es sumamente clara y categórica en prohibir cualquier ingreso de material radiactivo. c) Por ello, se debe respetar el viejo adagio latino "ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus" y no intentar interpretaciones que sólo tienen como objetivo desnaturalizar el sentido de la norma. d) Que además ello resulta indudable a la luz del debate producido en el seno de la Convención Constituyente de 1994, donde precisaron el alcance prohibitivo de la norma en particular los Convencionales Roulet y Natale, entre otros.(Véase el tomo II, págs. 1603 y sgts. Del Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1994)..e) Que en mi carácter de Vicepresidente de la Comisión de Redacción de dicha Convención indico que con ese sentido fue votado el texto por el plenario, luego de las votaciones afirmativas de los Despachos tanto de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías como de la Comisión de Redacción, que propusieron dicha norma. f) Que además compartimos el análisis efectuado al respecto por el Prof. Dr. Daniel Sabsay, al que nos remitimos en razón de brevedad.
7. Que además sumamos otro argumento para sostener la no aprobación del Tratado: la violación del art. 1 y concordantes de la Constitución Nacional, en cuanto se están desconociendo los principios del sistema republicano, habida cuenta que el contrato que vincula a las dos empresas es secreto.
8. Es imprescindible que la Argentina, que padece la anomia como uno de sus más graves problemas en lo jurídico, político y cultural, empiece a cumplir la primera de sus reglas, que es la Constitución Nacional.
9. Por todo ello, y por las razones que personalmente expondremos en el seno de la Academia, nos oponemos a la firma de la Declaración proyectada.

Nota: Este texto fue redactado por el Dr. Manuel Hernández (h) en respuesta al pedido que se le hiciera a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba para que adhiera a la Declaración de las Academias Nacionales en favor del Acuerdo Nuclear con Australia. El Dr. Hernández es presidente de la "Asociación Argentina de Derecho Constitucional", fue Convencional Constituyente en 1994 y es Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

Fuente:Greenpeace
Juan Carlos Villalonga
Coordinador Campaña Energía
Octubre 2002