Las ONGs opinan sobre la Declaración realizada por un grupo de Academias Nacionales

El 24 de septiembre pasado hemos tomado conocimiento de la "Declaración de Academias Nacionales acerca del Acuerdo de Cooperación Argentina-Australia en los usos pacíficos de la Energía Nuclear" . Dicho texto avala la ratificación por parte del Congreso Nacional del Acuerdo Nuclear mencionado. Esta Declaración tiene por objeto, según las Academias firmantes, "ayudar a esclarecer la opinión pública, la cual está siendo confundida por campañas de agitación y propagación de temores, tan tendenciosas como infundadas desde el punto de vista de la seriedad científica".

Todo hace suponer que el documento hace de este modo referencia a las "campañas" desarrolladas por las organizaciones no gubernamentales, las que han permitido conocer las verdaderas implicancias del contrato firmado por INVAP en Australia y sacar a la luz pública el insólito Acuerdo firmado por la Cancillería Argentina en agosto del año pasado. Ninguna de las denuncias y de las informaciones que han sido expuestas por las organizaciones ambientalistas ha podido ser desmentida y se ha ido comprobando sistemáticamente cada una de ellas. La reacción de las organizaciones no gubernamentales ha logrado desbaratar lo que estaba planificado desde su inicio para que pase desapercibido frente a la opinión pública y a los demás organismos del Estado. Recordemos que ha sido básicamente el accionar de las ONGs lo que evitó que se aprobara sobre tablas el Acuerdo y permitió que hoy exista un debate abierto sobre el tema, que se discuta en el Congreso y que la Sociedad pueda informarse, tanto de los aspectos científicos, como jurídicos y políticos del tema.

Seguidamente la Declaración realiza una reseña de la actividad nuclear en la Argentina pretendiendo que la misma sea suficiente para soslayar y minimizar todo juicio crítico sobre la misma. La apelación a que en el año 1950 se creó la CNEA y eso "ha convertido a la Argentina en un país nuclear" la escuchamos reiteradamente, siempre con el propósito de cerrar debates y retirar de la agenda de discusión toda posibilidad de revisión de cualquier decisión en la materia. Nada más alejado del espíritu crítico y racional que debería signar el accionar de todo organismo científico. Por el contrario, se parece mucho más a una reacción corporativa.

La Declaración señala que "estiman oportuno destacar también la seriedad profesional" de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Notable e inoportuno párrafo, teniendo en cuenta que el rol jugado por la ARN, particularmente durante la presidencia del Lic. Eduardo D'amato, ha sido vital para llevar adelante esta operación de manera secreta y contando con una cooperación sospechosa e inapropiada entre INVAP y la ARN. Recordemos que el "aval" dado por la ARN surge de una nota enviada por INVAP en donde se sugiere los términos en que la ARN debía expedirse.

Las ONGs han denunciado esa situación y hasta las actuales autoridades reconocieron lo inapropiado de ese vínculo entre el ente regulador y una empresa regulada.

Luego de sus argumentos políticos, no científicos, la Declaración comienza a desarrollar los aspectos jurídicos del tema en cuestión. Los mismos son una repetición de los argumentos generados por la empresa INVAP sin ningún agregado que indique un análisis pormenorizado del tema por parte de las Academias firmantes.

Sobre estos argumentos, es notable que la Declaración ignore las verdaderas implicancias del Artículo 12 del Acuerdo con Australia. Se desconoce que la Argentina se obliga ante Australia a brindarle tratamiento a los combustibles gastados australianos si Australia lo solicita. Tanto para Australia como para INVAP, el tratamiento en la Argentina no es una opción más, es la segunda opción luego de la prioritaria que es realizarlo en Francia. Recordemos que las remesas de residuos comenzaría en el 2013 y finalizarían en el 2060. Obviamente en ese lapso es perfectamente posible que la opción de reprocesar en Francia pueda verse obstaculizada. Por eso Australia quiere firmar ahora este compromiso con la Argentina. La Declaración de las Academias sobre esto sólo procura minimizar el compromiso que asume el Estado Nacional frente a Australia. Esto además es contradictorio con la defensa que se hace de la importación de residuos lo cual según las Academias sería deseable y por sí misma justificaría este compromiso.

Tampoco tiene en consideración que tanto INVAP como CNEA han dado muestras claras de sus intenciones de que el Estado Nacional asuma al tratamiento de basura radiactiva como un nicho de negocios para la Argentina.

Luego, en relación al Art.41 de la Constitución Nacional, las Academias señalan que "lo que se trata aquí no es materia de opiniones personales, sino cuestiones técnicas que deben dilucidar los peritos en la materia de acuerdo a definiciones precisas, establecidas por acuerdos internacionales y reflejadas en la legislación nacional". Coincidimos en esta apreciación.

Citando a la ARN, la Declaración dice que los combustibles gastados no son "per se" residuos radiactivos. Este es el criterio más difundido en la literatura y normativas en la materia. Esto indica que los combustibles gastados son residuos o no lo son dependiendo de ciertas circunstancias, definiciones y consideraciones técnicas. Sin embargo, la Declaración de las Academias no desarrolla ninguna de estas consideraciones para saber en qué caso se incluirían los combustibles gastados australianos.

La Declaración sólo cita la Convención Conjunta para utilizar el equívoco argumento de que esa Convención define separadamente ambas cosas: combustibles gastados y residuos radiactivos.

Si las Academias analizaran el tema se darían cuenta de que:
1) Las normas legales dictadas en la Argentina (Ley 25.018 o Ley Müller) definen expresamente a los combustibles irradiados como residuos radiactivos.
2) La Convención Conjunta deja librada a las normas específicas de cada país la definición de residuos radiactivos, es decir que, en el caso argentino, estaría dada por la Ley Müller.
3) Las dos definiciones que se dan en la Convención Conjunta no son mutuamente excluyentes, un combustible gastado es un residuo radiactivo si el mismo es regulado y tratado como residuo radiactivo.
4) Adoptando el criterio técnico usual en esta materia, cuando el combustible gastado no va a ser reprocesado, esto es extraerle plutonio y uranio, el mismo es considerado un residuo radiactivo.

Como el tratamiento que recibirán en la Argentina los combustibles gastados australianos es "acondicionamiento", no "reprocesamiento" (no hay ningún tipo de recuperación de material), técnicamente no hay otro modo de considerar a lo que se pretende ingresar que no sea residuo radiactivo, puesto que en definitiva, recibirán un tratamiento de residuos radiactivos. Por otro lado la normativa legal argentina a aplicarse es clara al respecto.

Pero nada de todo esto aparece en la Declaración de las Academias, sin embargo, la misma dice que "tratando la cuestión con seriedad, no vemos que se pueda arribar a otra conclusión que no sea que el Acuerdo con Australia en modo alguno contraviene la Constitución Nacional"

Finalmente, la Declaración se hace eco de los constitucionalistas que señalan que el "ingreso" temporario de residuos radiactivos no está prohibido por la Constitución. Al respecto vale citar al Juez Bernardo Nespral cuando señala que "Nuestra Ley suprema no distingue si el ingreso de residuos peligrosos y radiactivos debe ser temporario o definitivo, prohíbe el ingreso, lisa y llanamente. Un principio jurídico nos enseña que donde la ley no distingue no debemos distinguir (ubi lex nec distinguit nec nos distinguere debemus)" .

El debate en torno al Acuerdo con Australia desnuda la profunda crisis de las instituciones argentinas, para las que el cumplimiento de la ley y de las reglas de juego, supone conductas que se adaptan a las oportunidades y las conveniencias sectoriales.

Todas estas maniobras se justifican a sí mismas esgrimiendo el conocido argumento de que no aceptar lo que se propone significa el abismo o "empujarnos a la pobreza y el atraso", como señala la Declaración de las Academias.

La Sociedad argentina ha vivido en las últimas décadas como rehén de este tipo de disyuntivas, en las que pareciera que debemos siempre aceptar lo más insólito porque de otro modo sobrevendrá el caos. La situación a la que nos ha conducido esa práctica para forzar la aprobación de leyes, acuerdos internacionales y demás decisiones políticas no es precisamente el país que prometían sus defensores.

Es llamativo que no ratificar el Acuerdo con Australia, tal como ha sido concebido por los australianos, cuyo objetivo excluyente es su Artículo 12, signifique "condenar al fracaso a la industria nuclear argentina" o que el mismo sea de "vital importancia para que esta actividad pueda continuar y para que Argentina realice su destino tecnológico". No creemos que estemos ante semejante disyuntiva. No creemos que el compromiso ilegal que asumió la empresa INVAP en Australia deba ser legalizado y asumido por el Estado Nacional avalando la presión que ejercen el gobierno de ese país y quienes negociaron un pésimo Acuerdo que relega soberanía argentina en la materia por los próximos 60 años.

Octubre 2002
Firman este documento más de 140 ONGs de todo el país. La nómina completa puede leerse en: www.basuranuclear.org.