Cuando el cuidado del medio ambiente puede ser un buen negocio

La certificación ISO 14000 permite a las empresas asumir un papel impostergable en el cuidado del planeta, al tiempo que amplía su base de clientes por afinidad con esta vocación.

Para muchas compañías radicadas en distintos países del mundo, el cuidado del ambiente, a partir de la década del '90, se ha constituido en un excelente negocio.

Sin dudas, las empresas nacionales no fueron ajenas a esta tendencia. En nuestro país, los empresarios están otorgando cada vez más importancia a los asuntos relacionados con el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos. Y ya nadie discute que el cuidado ambiental sea un requisito esencial para encanto un negocio exitoso, ya que al lograr un mejor proceso en la producción, es decir, al optimizar sus etapas productivas, se favorece el acceso a mercados más exigentes, permtiéndoles a aquellas empresas que se comprometen con el cuidado del medio ambiente lograr ventajas competitivas ante otras que todavía no están en el mismo camino.

Los más renuentes a respetar las normas ambientales se han amparado históricamente en los altos costos que dicho cumplimiento implica. Sin embargo, hoy en día está demostrado que la incidencia de los costos en que incurren las empresas con el fin de cumplir con las normas relativas al cuidado ambiental, representa sólo un pequeño porcentaje de los costos totales. En este sentido, estudios efectuados han indicado que las industrias norteamericanas estiman este "costo ambiental" en sólo 2% de los costos que tienen las empresas.

Como contrapartida, muchas veces el respeto de estándares ambientales significa el acceso a nuevos mercados, o el mantenimiento de una buena posición en aquellos en que ya hay una fuerte presencia.

Estos requisitos y estándares ambientales se encuentran dentro del ámbito del denominado derecho ambiental internacional. Este marco jurídico está conformado por dos tipos de normas; por un lado, existen regulaciones de aplicación obligatoria, entre las que se incluyen tratados internacionales, leyes, decretos y resoluciones; por otro lado, existen normas de cumplimiento voluntario, llamadas "leyes blandas", y que se encuentran representadas por los procesos de normalización y estandarización industrial.

Las normas de cumplimento obligatorio generalmente establecen requisitos más estrictos que aquellas que revisten carácter voluntario, y obviamente, atento el carácter obligatorio que revisten, su incumplimiento se halla castigado con penalizaciones de diversa índole.

En materia de normas voluntarias, en tanto, no podemos eludir la mención de la Organización Internacional de Estandarización (International Standarisation Organisation ISO), que desde el año 1946 desarrolla en el plano internacional la tarea de promover el cumplimiento de normas técnicas de carácter voluntario, con el objetivo de facilitar el intercambio de bienes y servicios.

Con el transcurso de los años, la estructura de la organización se ha ampliado, y hoy en día la mayoría de los países tiene organismos normalizadores adheridos al accionar de ISO. En nuestro país, la gestión de las normas ISO está a cargo del IRAM.

Vale decir, que es tal la tracendencia que estas normas de carácter voluntario han adquirido en el ámbito del comercio internacional que incluso en el proceso del Mercosur, mediante una resolución del Grupo Mercado Común, se acordó tomar como parámetro los criterios establecidos por la ISO para otorgar certificaciones.

Quizá la norma ISO más conocida sea la denominada ISO 9000, que brinda lineamientos para asegurar una calidad según modelos destinados a organizaciones genéricas, para aplicar en empresas productoras de alimentos y servicios del sector agroindustrial.

Por otro lado, existen normas ISO de manejo ambiental que se establecieron para ser utilizadas por aquellas compañías que operan internacionalmente, y que tienen como objetivo la protección del medio ambiente prescindiendo de las diferencias que puedan existir en cada lugar de radicación, ya sea otra región, país o legislación vigente en el lugar de elaboración. De este modo, se posibilita a clientes y consumidores tener códigos de certificación que sean comparables en cualquier lugar del mundo.

Certificando

Un buen ejemplo de norma ambiental de carácter voluntario es la ISO 14000, cuyo diseño y planificación está centrado en aspectos ambientales, y exige que se certifique a toda la empresa. Aquí podemos apreciar una diferencia respecto de las normas ISO no ambientales, en las que se puede certificar la empresa en forma parcial, y el diseño y planificación está centrado sólo en la satisfacción del cliente.

Para obtener las certificaciones en gestión ambiental existen dos pasos principales; en primer lugar, se deben asegurar las condiciones higiénico-sanitarias, y la inocuidad de los alimentos.

Luego de obtenido este objetivo, se debe trabajar sobre la gestión de calidad y la gestión ambiental.

La ISO 14000 implementa y mantiene un sistema de gestión ambiental. Mediante un auditor independiente que se encarga de efectuar la certificación, se elabora una política pública respecto de la gestión ambiental, se asegura el cumplimiento de los objetivos que se han previsto en la política ambiental, y se diseña un mecanismo para que los terceros puedan comprobar dicho cumplimiento.

Sin dudas, la implementación de un sistema de gestión ambiental de cada empresa certificada podrá significar ventajas para el medio ambiente en diversos aspectos. Así, se pondrá de manifiesto a través de la reducción de desperdicios, el reciclado de productos, la reducción de costos por la disposición final de desechos, la reducción en el gasto energético y en el gasto de agua.

Además, el hecho de que una empresa asegure ante sus clientes su calidad, y al mismo tiempo brinde confianza respecto del cumplimiento de requisitos ambientales específicos, son elementos muy importantes y valiosos que resultan tracendentes al momento de negociar entre partes, y, en definitiva, facilita el tráfico comercial entre diferentes regiones, aun las más distantes.
Otra ventaja que tienen estas ISO ambientales es que pueden ser utilizadas por empresas de todos los tamaños y tipos, en cualquier lugar del mundo que se quieran implementar.

En cuanto a la utilización de certificaciones ISO en nuestro país vale decir que aún hay un largo camino por recorrer. A comienzos del 2000 existían mil trescientas certificaciones ISO 9000 y sólo ochenta certificaciones ISO 14000. Hoy en día, tal vez la relación entre ISO 9000 y 14000 haya crecido a favor de las 14000, ya que -como se ha comentado- hay una tendencia entre el empresariado nacional de contar con una certificación ambiental como requisito necesario para acceder a nuevos mercados. Además teniendo ya la ISO 9000 se tienen por cumplidos muchos de los requisitos necesarios para obtener con posterioridad un certificado de ISO 14000. Incluso, hay empresas que ya han certificado la ISO 14001, para producción de sabores, aceites esenciales y química muy fina o específica.

Pero a pesar de la distinción entre normas voluntarias y obligatorias, se debe tener en cuenta que muchas veces hay una estrecha interacción entre normas de distintos tipos. Así, la norma ISO 14001 establece el compromiso por parte de la empresa certificada de cumplir con las normas legales vigentes en cada Estado. En este sentido, resulta importante destacar que nuestro país cuenta con la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, reglamentada por el decreto 831/93. El marco jurídico de la provincia de Buenos Aires, en tanto, está integrado por la ley 11.459 -Certificación de Aptitud Ambiental- y su decreto reglamentario 1741/96.

Cabe destacar que el mencionado decreto provincial efectúa una minuciosa clasificación de los establecimientos industriales. Aquellos que están dedicados a producción agroalimentaria, a su vez, están subclasificados en tres categorías, de acuerdo con la magnitud de impacto ambiental.

En la categoría I encontramos a aquellos establecimientos que producen un bajo impacto ambiental. Podemos incluir aquí, por ejemplo, aquellos encargados de la elaboración de productos de panadería, elaboración de alimentos para animales, producción de agua mineral y gasificada, envase y conservación de frutas, hortalizas y legumbres, etcétera.

Los establecimientos incluidos en la categoría II, por su parte, son aquellos que generan impacto ambiental mediano. Sería el caso de las plantas de elaboración de aceites y grasas no comestibles, plantas elaboradoras de harinas y sémolas, fábricas de productos lácteos, helados, sopas, derivados del almidón, derivados de malta, bebidas malteadas, bebidas no alcohólicas, gaseosas, fiambres, embutidos, etcétera.

Finalmente, en la categoría III se encuentran aquellas actividades que producen alto impacto ambiental. Aquí queda incluida la explotación de mataderos, matanza de animales, preparación, conservación, y elaboración de chacinados, grasa comestible de origen animal, cueros, huesos, etcétera.

Actualmente, las dos primeras categorías pueden obtener su certificado para operar bajo dichas condiciones con certificados de los municipios provinciales, y los de categoría III deben contar con una certificación expedida por la Secretaría de Política Ambiental, u otro organismo del mismo nivel.

Conclusión

Sin dudas, en una economía globalizada como la que nos toca enfrentar en la actualidad, la protección del medio ambiente no puede ser eludida por los empresarios. Los gobiernos de países industrializados están creando una presión en el mercado mundial para que todas las firmas -grandes o pequeñas- adopten los estándares estipulados por la ISO 14000. El sector privado, por su parte, también ve con buenos ojos el cumplimiento de estas exigencias. Así, son muchas las empresas que tienen como condición para contratar con otras firmas privadas la presentación de certificaciones de gestión ambiental.

En el futuro, una estrecha interacción entre el sector público y privado -basada en un estricto basamento legal- será condición esencial para lograr una efectiva protección ambiental.

En este sentido, un dato relevante es que nuestra propia Constitución Nacional establece el principio rector en materia de cuidado ambiental, al establecer en su art. 41 que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

Por Luis A. Martín, Ingeniero Agrónomo.
-Miembro del Departamento de Estudios Medioambientales de Sinapsis,
Fundación para el Desarrollo de los Espacios Económicos Integrados,
(Fax: 4322-1712; e-mail-. fundacion@sinapsis.org.ar; www.sinapsis.org.ar)

Fuente: Buenos Aires Económico
Octubre 2001